21 oct. 2017

CASO MALDONADO: ¿CONSECUENCIAS?







La imagen de Sergio Maldonado y su esposa “custodiando” durante horas un cuerpo que flota en el río porque, con razón, ya no confían en nadie, es el más claro símbolo de nuestra degradación institucional.



Yo me pregunto cuáles serán las consecuencias jurídicas para los funcionarios del Estado que participaron en este conflicto, es decir, si se responsabilizarán de algún modo por sus acciones. Que quede claro que estamos hablando de la responsabilidad de los funcionarios estatales, concretamente, de aquellos a quienes alcanzaba de algún modo la obligación estatal de investigar el destino de la persona denunciada como desaparecida.



Así, por ejemplo, el hecho de que la ministra Patricia Bullrich haya mentido en reiteradas oportunidades —entre ellas, ante el Congreso— sobre diversos hechos referidos a la desaparición de Santiago Maldonado, ¿tendrá alguna consecuencia legal? Los ministros del poder ejecutivo, ¿tienen un “derecho” a mentir cuando son convocados al Senado? Las intervenciones de distintos funcionarios del ministerio de seguridad en el procedimiento, ¿tendrán alguna consecuencia?


Anoche el ministro Garavano decía que “Lo importante es saber qué paso”. Y agregó que “le ha hecho muy mal a la investigación esto de que se le mienta a la Justicia y eso no tenga consecuencias”. En el diario La Nación se aclara que Garavano


También defendió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y dijo que “hay querellas que pueden tener otros intereses y que no han contribuido en este proceso”. Y se puso del otro lado. “Es importante acompañar a la familia y saber, en definitiva, qué paso con Santiago”, insistió.


Las declaraciones parecen en joda. El ministro de justicia, que defiende a Patricia Bullrich y nada dice del juez Otranto, se queja de que se haya mentido a la justicia… 


¿Cómo puede defender a Bullrich e ignorar el papel de la ministra y de sus funcionarios en el entorpecimiento de la investigación? La obligación de investigar lo sucedido es un deber autónomo del Estado. Aun si los familiares no colaboraran en la investigación, el Estado debe cumplir. El papel de quien investiga, por otra parte, es exactamente el contrario al que tuvo el ministerio de seguridad.


Recordemos, además, que Garavano y Bullrich —en su lucha sin cuartel contra el garanto-abolicionismo zaffaroniano-kirchnerista— han cuestionado  que las garantías, en el proceso penal, solo se limiten al imputado, y señalan que nadie se acuerda de las víctimas. Si alguien no cuidó de los familiares de Santiago Maldonado en todo este proceso, sin duda alguna, fueron los funcionarios del Estado.


A ver si entienden de una buena vez que mostrar preocupación y reclamar por Santiago Maldonado no significa que uno sea kirchnerista y parte de una conspiración anti-macrista. Solo significa que uno le reclama al Estado por una persona desaparecida en el contexto de un operativo represivo de una fuerza de seguridad en contra de la protesta social de una minoría. Y tanto el hecho como el reclamo tienen un innegable carácter político. O sea que reclamar por Maldonado no es “politizar” el hecho. Lo que sí es cuestionable es utilizar el hecho político con fines electoralistas, algo que todas las fuerzas políticas hicieron. Y si no pregúntenle a la inefable Lilita Carrió quien, afortunadamente, nos perdonó y nos ama a todos.


En este sentido, los resultados de los peritajes sobre el cuerpo de Santiago Maldonado son irrelevantes. Había una denuncia de desaparición forzada en el contexto de un operativo estatal represivo, y el derecho vigente exige que se investigue. También había recomendaciones de órganos de protección de Naciones Unidas y del sistema interamericano que fueron ignoradas. Hoy hay un cuerpo sin vida.


Otra cuestión que resulta preocupante es la de la responsabilidad del juez Otranto. El juez no solo incumplió todos los deberes funcionales a su cargo —pues no investigó lo que debía investigar— sino que, además, se dedicó a maltratar a las víctimas y a las demás partes, mientras protegía a la fuerza que debía investigar. Su actitud llegó a niveles increíbles cuando convocó al ministerio de seguridad para un megaoperativo del cual excluyó a los familiares y a sus representantes legales, y retuvo en condiciones inhumanas a varios testigos mapuches.


Cuando se cansó de no hacer nada bueno, concedió en exclusiva una entrevista a La Nación en donde adelantó opinión y cuestionó a la familia, a los mapuches y a algunas ONGs que le molestaron desde un inicio. Todo esto sucedió, además, en un caso que jamás debió aceptar pues él había intervenido previamente en el conflicto con los mapuches.


El apartamiento del juez fue solicitado por la familia y, posteriormente, por el CELS. Si bien la cámara resolvió apartar al juez, se ocupó expresamente de señalar que “no exist[ía]n elementos que permit[ier]an abrigar ninguna duda acerca de la honestidad intelectual y apego al cumplimiento de sus funciones del juez”. La aclaración no solo era innecesaria para resolver como se resolvió, sino que además, es falsa, pero primó el ánimo de protección corporativo. 


El juez, además, provocó deliberadamente su propio apartamiento. Resulta imposible creer que Otranto no sabía que adelantar su opinión en el contexto de la entrevista que concedió a un medio de comunicación de alcance nacional generaría un motivo de apartamiento. En caso de que realmente no lo supiera, por otra parte, carecería de idoneidad para ocupar su cargo.



Me cuesta pensar que las intervenciones de los funcionarios públicos señalados no tengan consecuencia legal alguna. Sin embargo, cuando pienso en la imagen de los familiares custodiando un cuerpo sin vida en el río, creo que todo es posible…





9 oct. 2017

EL 82 % DE LA POBLACIÓN NO CONFÍA EN LA JUSTICIA



El 82,1 % de la gente tiene poco o nada de confianza en la justicia, según indican dos sondeos de las consultoras Opina Argentina y Management & Fit cuyos resultados han sido publicados en La Nación.

El 17,9 % restante, el que tendría confianza, deben vivir en el exterior o ser algunos de los 4.732 miembros de la planta de personal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El hecho de que uno de los tres poderes del Estado genere ese nivel de desconfianza resulta realmente preocupante. Semejante porcentaje, por lo menos, debería generar un mínimo de autocrítica entre los miembros de ese poder (aunque sea muy mínimo). Veamos qué dijo sobre la cuestión una voz autorizada, esta señora con muchos apellidos pero con escaso registro de la realidad:

María Gómez Alonso de Díaz de Cordero, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia (AMFJ), consideró que la imagen negativa se debe a que “no nos conocen, porque no conocen el trabajo que realizamos y en las condiciones en que lo llevamos a cabo. Tenemos muchos problemas que no se pueden solucionar en forma inmediata”.

Así, Díaz de Cordero remarcó enfáticamente los problemas de recursos. “No existen edificios adecuados para llevar adelante el trabajo, tenemos prácticamente el mismo número de jueces que hace 20 años, no hay juzgados suficientes y tenemos una necesidad imperiosa de espacio”, dijo.

“Lamentablemente, sólo se conocen los casos políticos”, concluyó.

¿Cómo explicarlo? No sabemos siquiera por dónde comenzar... Comencemos por señalar que, según la presidenta de la Asociación, el 82,1 % de la gente habla al pedo sin saber de qué se trata. Es decir, los que opinan así es porque son unos ignorantes...

Más allá de que se trataba de sondeos de opinión, yo le preguntaría a Gómez Alonso de Díaz de Cordero, por ejemplo, por qué cree que la gente “no los conoce”. Si esto fuera realmente así, ¿de quién sería la responsabilidad de este desconocimiento, y qué han hecho los jueces para dar publicidad a su trabajo?

Realmente no comprendo. La "majestad" de la justicia y el "decoro" debido hacen que los actos del poder judicial sean casi como un secreto de Estado, debido, precisamente, a los propios jueces. Y si los critican, es porque las gente no los conoce y no conoce su trabajo. En conclusión, ellos quieren que todo sea secreto y, además, que nadie los moleste con críticas infundadas porque nadie los conoce. Todo regio...

Gómez Alonso de Díaz de Cordero, además, dice que no conocemos su trabajo y las condiciones en que lo realizan. Ante esta afirmación, me viene a la cabeza una imagen de obreros trabajando en una mina de carbón doce horas diarias, pero no, la jueza está hablando de los despachos en los palacios de justicia, y de tener chofer, custodio, estacionamiento, ascensor y comedores exclusivos para jueces, escribientes de primera, segunda, tercera y cuarta que les hacen el trabajo, un horario, vacaciones y un sueldo que ningún ser humano normal puede alcanzar. Pobres, realmente dan pena. Terribles condiciones de trabajo.

También señala que hay muchos problemas que no se pueden solucionar en forma inmediata. No sé por qué motivo me dieron ganas de contestarle “Sí, ustedes”.

A continuación arranca con la respuesta automática del buen juez que es criticado, y le echa la culpa a la falta de edificios adecuados, a la insuficiencia de juzgados y jueces, y al espacio que no alcanza. La solución a un poder judicial que es un desastre, entonces, consiste en agrandarlo y así tener más problemas. Porque los jueces, por supuesto, no tienen la culpa de nada.

Hay que entenderlos, ellos necesitan mucho más espacio para duplicar esto, por ejemplo:


Así, cuando tengamos el doble de expedientes apilados, la situación va a ser óptima... Como si eso fuera poco, nos amenaza con más jueces...

Para culminar, agregó que “lamentablemente, sólo se conocen los casos políticos”. ¿Cómo es la cosa entonces? ¿Los jueces sí hacen cagadas en los casos políticos, pero en los demás casos no? Más allá de ello, ¿Gómez Alonso de Díaz de Cordero no ha pensado, antes de responder, que entre los encuestados hay víctimas de la administración de justicia, o familiares o amigos de esas víctimas?

Realmente parece increíble que la presidenta de una asociación de jueces pueda dar estas respuestas ante los resultados de un sondeo que indica que el 82 % de la gente no confía en la justicia. ¿No se le habrá ocurrido pensar que ellos tienen alguna responsabilidad en todo esto?


Nuestro poder judicial ha resultado ser un misterio indescifrable: con los mejores jueces del mundo, tenemos el peor sistema de justicia posible...


4 oct. 2017

UNA AUDIENCIA POR SEMANA DURANTE UN AÑO...






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Hoy de mañana, recorriendo Facebook, me encontré con lo que escribió Leticia Lorenzo:

Empieza el juicio a Boudou. Escucho a un periodista que con seriedad dice “habrá audiencias todos los martes durante un año”. UNA VEZ A LA SEMANA. UNA AUDIENCIA POR SEMANA. ¿Río? ¿Lloro? Que sea Boudou o Calcaterra da lo mismo. La justicia es... no sé, pongan lo que quieran.

Antes que nada. El hecho de que se haya mencionado el juicio a Boudou y no otro, es irrelevante para lo que queremos analizar. Así que les ruego a los enardecidos trolls que no rompan las pelotas. La indignación de Leticia no puede estar más justificada. Esta práctica muy común en la justicia nacional y federal no solo es absolutamente irracional, sino que es contraria a la ley procesal vigente.  En efecto, el primer párrafo del artículo 365 del Código procesal penal de la Nación dispone:

Continuidad y suspensión
Art. 365.- El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta su terminación; pero podrá suspenderse, por un término máximo de diez (10) días, en los siguientes casos:

Las dos primeras acepciones de la RAE de la expresión “consecutiva” del texto legal significan “que se sigue o sucede sin interrupción” y “que sigue inmediatamente a otra”. El texto legal establece, obligatoriamente, el principio de continuidad del juicio penal. Es decir, este principio no queda librado a la “sana discreción judicial”, es un imperativo legal propio del juicio penal.

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¿Cuál es el sentido de este principio? El principio de continuidad expresa la necesidad de que, una vez abierto el debate, éste se realice en tantas audiencias consecutivas como la actividad procesal lo requiera. Las audiencias deben ser con-se-cu-ti-vas (una inmediatamente detrás de la otra) pero la extraña particularidad de nuestros jueces de tribunales de juicio —a quienes no les gustan las audiencias— produce esta práctica absurda. Por ello, las audiencias no son consecutivas, pues las organizan como las de este caso: todos los días martes, o, los lunes y miércoles. Distintas posibilidades pero jamás la que dicta la ley y la única que le da sentido a la actividad procesal en un juicio, es decir, todos los días.

Esta necesidad de realizar audiencias consecutivas hasta la finalización del juicio se debe a que se pretende que los jueces deliberen y tomen su decisión inmediatamente después de los alegatos finales de las partes. Solo de ese modo se puede respetar la exigencia de que la decisión se tome fundada exclusivamente en la actividad llevada a cabo en las audiencia de juicio. Ningún juez puede resolver de esa manera si entre una audiencia y otra se dejan pasar cuatro días hábiles en los cuales se ven otros casos. ¿Cuánto puede acordarse un juez de las declaraciones recibidas un año antes... ?

La continuidad, además, junto con la inmediación y la concentración, pretende que las partes y los jueces se reúnan en las audiencias para la presentación del caso, la producción de la prueba y la discusión de todos los aspectos del caso penal. El juicio es el ámbito que brinda la oportunidad de prestar toda la atención, exclusivamente, a ese caso y no a otro. Más allá de lo anterior, con esta programación de las audiencias se afecta claramente el plazo de duración de juicio.

La imaginación perversa de nuestros jueces para generar prácticas tan irracionales como ésta resulta, francamente, asombrosa. La práctica se ve incentivada, además, por los abogados litigantes, que no sabemos hacer un ofrecimiento de prueba razonable y acostumbramos, por ejemplo, a ofrecer todos los testigos de la investigación, sin criterio alguno de selección que reduzca la lista a los testigos que realmente necesitamos.

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Comparemos esa práctica con lo sucedido en el caso por el homicidio del periodista José Luiz Cabezas, que se realizó con el Código procesal penal de la provincia de Buenos Aires. Éramos cuatro acusadores: los fiscales, los abogados de la hija del periodista, los abogados de los padres y los abogados de la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA). Los fiscales y los abogados de la hija habían ofrecido 211 testigos; los abogados de ARGRA ofrecimos “solo” 117.

El juicio comenzó el 14 de diciembre de 1999, y se dictó sentencia el 2 de febrero de 2000. Las audiencias eran en Dolores de lunes a viernes, a partir de las 9 am. El 24 y 31 de diciembre de 1999, que cayeron un día viernes, no hubo audiencias por las fiestas de fin de año. El 3 de enero de 2000 seguimos con las audiencias diarias, e incluso se realizaron un par de audiencias en día sábado.

El tribunal había establecido los testigos para cada día, y la audiencia duraba hasta que todos los testigos hubieran declarado. Los dos primeros días estuvimos como hasta las 2 de la mañana (éramos diez partes). Luego, a primera hora, los abogados nos encontrábamos en mesa de entrada para presentar escritos desistiendo testigos... De ese modo, nos vimos obligados a desistir de testigos que realmente no necesitábamos.

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Nuestros jueces son tan “creativos” que son capaces de inventar cosas tan irracionales como la práctica que comentamos. Lo grave es que estas prácticas, ya naturalizadas, les resultan aceptables a todos, y son muy difíciles de erradicar. Recuerdo que en el caso Cabezas habíamos planteado que solo se leyeran las conclusiones de los peritajes (y no el peritaje íntegro), y el tribunal nos rechazó la solicitud. Luego del segundo día de lectura, afortunadamente cambió ese criterio y el tribunal ordenó leer solo las conclusiones, es decir, lo que dos días atrás consideraba que no se podía hacer...

Es muy bueno el ejemplo que me dio Leticia Lorenzo:

A mi vieja hace dos meses le pusieron una prótesis en la rodilla; la operación duró cinco horas. Cuando terminó, el cirujano salió y charló con nosotros, nos explicó todo y después se fue a atender su consultorio. A la noche volvió y le cambió el vendaje.
¿Te imaginás eso en “tiempo judicial”?
El médico te para la operación porque se cansa y necesita un cuarto intermedio.
Como tiene fijada otra operación, te la suspende hasta la semana que viene.
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¡Mi vieja todavía estaría en el quirófano!

A nadie le gusta tener que concurrir a juicios muy largos. Sin embargo, en casos complejos (por la cantidad de partes y pruebas), nos vemos obligados a hacerlo cuando el caso lo requiere. La mejor opción en estos casos consiste en ser muy cuidadosos al presentar nuestro ofrecimiento de prueba, no en hacer algo que no se asemeja en nada al juicio que exigen las reglas del Estado de derecho, esa especie de juicius interruptus a los que nos tiene acostumbrados la justicia nacional y federal...


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